Investigación Especial – Tercera Entrega.

Por Daniel Valles.

Las investigaciones periodísticas tienen una característica incómoda: a veces terminan contradiciendo a quien las inició.
Uno comienza con una hipótesis, reúne documentos, revisa declaraciones, consulta expedientes y reconstruye cronologías. Y entonces sucede algo que no siempre gusta: los hechos empiezan a señalar hacia otro lado.

Eso es exactamente lo que está ocurriendo con el caso de Ismael “El Mayo” Zambada, Rubén Rocha Moya y la aparente crisis diplomática entre México y Estados Unidos.

Cuando iniciamos esta investigación, la hipótesis era relativamente sencilla. El Gobierno mexicano parecía haber levantado una enorme bandera de soberanía nacional para desviar la atención de las acusaciones formuladas por autoridades estadounidenses contra Rocha Moya y otros funcionarios sinaloenses.

La teoría parecía razonable.

Estados Unidos presentaba acusaciones de enorme gravedad. La conversación pública se trasladaba hacia la captura de Zambada. La soberanía se convertía en el tema central. Y la atención dejaba de concentrarse en las acusaciones contra funcionarios mexicanos.

Sin embargo, conforme aparecieron nuevos documentos, la hipótesis comenzó a perder fuerza. No porque haya sido refutada por completo. Simplemente porque los hechos empezaron a mostrar una realidad más compleja. La posible violación de la soberanía mexicana no parece ser una invención.

Si agentes estadounidenses participaron en la planeación, coordinación o ejecución de una operación dentro del territorio nacional sin autorización formal de México, estaríamos frente a un problema real y grave. La soberanía no es un recurso retórico para conferencias de prensa. Es uno de los pilares sobre los que descansa la existencia misma del Estado.

Cuando un gobierno extranjero puede actuar dentro de otro país sin autorización, se produce una fractura institucional que merece ser investigada. Pero al mismo tiempo apareció otro problema. Uno que no apunta hacia Washington. Apunta hacia la Ciudad de México.

La propia Fiscalía General de la República reconoció que tuvo bajo custodia a Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias “El Jando”, identificado posteriormente como el piloto relacionado con el traslado de Zambada a Estados Unidos.

Detengámonos un momento.

México acusa a Estados Unidos de ocultar información sobre el piloto. Pero antes tuvo al piloto detenido. Y después lo entregó. Lo buscaba después de haberlo encontrado. La ironía sería cómica si no fuera tan delicada. Porque ese hombre no era un personaje secundario. Era una de las pocas personas capaces de explicar quién organizó el vuelo, quién autorizó la operación, quién esperaba la aeronave y quién conocía los detalles del traslado.

Sin embargo, las autoridades mexicanas no identificaron oportunamente la importancia de la pieza que tenían frente a ellas. Eso cambia radicalmente la investigación.

Ya no estamos solamente ante una disputa diplomática. Estamos también frente a posibles errores de inteligencia, coordinación institucional o capacidad investigadora. Y aquí aparece una nueva hipótesis. Tal vez la historia no se explica únicamente por una posible intervención estadounidense. Tal vez tampoco se explica únicamente por una utilización política del discurso soberanista.

Tal vez estamos observando algo más común y más humano: una cadena de equivocaciones, retrasos, omisiones y decisiones cuestionables producidas por instituciones que no siempre saben lo que tienen enfrente. Mientras tanto, el caso Rocha Moya sigue avanzando por otro carril.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos formuló acusaciones extremadamente serias. La Fiscalía mexicana responde que no cuenta con evidencia suficiente para actuar. Eso es jurídicamente válido. Lo que no sería válido es confundir la ausencia de pruebas suficientes con una declaración de inocencia. No son lo mismo.

La primera significa que el expediente está incompleto. La segunda significaría que los hechos fueron investigados y descartados. Y hasta ahora nadie ha demostrado lo segundo. Por eso la coincidencia temporal sigue llamando la atención. Las acusaciones aparecen. La narrativa de soberanía crece. Las investigaciones avanzan lentamente. Y el debate público cambia de tema.

¿Prueba eso una cortina de humo? Todavía no. Pero tampoco permite ignorar la pregunta.

Como si el panorama no fuera suficientemente complejo, apareció un elemento adicional: la repentina salida de Ulises Lara de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes. Su renuncia resulta, cuando menos, extraña.

Llegó a una posición estratégica dentro de la Fiscalía y abandonó el cargo apenas unos meses después, justo cuando los expedientes relacionados con Rocha Moya, Zambada y la disputa con Estados Unidos ocupaban parte importante de la agenda pública.

La explicación oficial habla de motivos personales. Sin embargo, desde una perspectiva periodística, el momento de la renuncia resulta llamativo. No porque pruebe alguna irregularidad. Sino porque ocurre en medio de investigaciones de enorme sensibilidad política e institucional.

Toda investigación seria debe registrar este tipo de movimientos. No para convertirlos automáticamente en sospechas, sino porque las salidas repentinas de funcionarios clave suelen convertirse posteriormente en piezas importantes para comprender el contexto completo de los acontecimientos.

La renuncia de Lara no demuestra nada por sí misma. Pero tampoco puede ignorarse. Más aún cuando se trata de un funcionario que tuvo participación pública relevante en expedientes de alto impacto y cuya salida se produce justo cuando varias preguntas fundamentales permanecen sin respuesta.

Por ahora, la conclusión provisional es incómoda para todos. Para Estados Unidos, porque todavía existen preguntas sin responder sobre su participación en la captura de Zambada. Para el Gobierno mexicano, porque tuvo acceso a piezas fundamentales de la investigación y no parece haberlas aprovechado adecuadamente. Para la Fiscalía, porque sigue sin explicar varios episodios fundamentales. Y para quienes sosteníamos la hipótesis original, porque los hechos nos obligan a reconocer que la realidad parece más compleja de lo que imaginábamos.

La primera hipótesis sigue viva. Pero ya no camina sola. Ahora comparte espacio con otra explicación que comienza a fortalecerse: que parte de este enorme enredo no sea producto de una conspiración perfectamente diseñada, sino de algo mucho más frecuente en la administración pública. Errores. Omisiones. Descoordinación. Y silencios.

Porque a veces la historia más peligrosa no es la que alguien oculta. Es la que nadie entendió a tiempo.

Ahí y así va, El Meollo del Asunto. (Continuará).