Por: Daniel Valles.
Donald Trump ya no está pidiendo solamente que México decomise drogas, destruya laboratorios o capture narcotraficantes. Ahora exige algo mucho más delicado: “exhibir, detener y procesar” a los funcionarios públicos corruptos que han ayudado, protegido o encubierto a los cárteles.
Traducido del lenguaje diplomático al idioma que todos entendemos: Trump está diciendo que el narcotráfico mexicano no podría haber alcanzado semejante poder sin la complicidad del poder político.
No descubrió el hilo negro, desde luego. Lo novedoso es que lo haya dicho el presidente de Estados Unidos en un documento oficial y haya colocado la responsabilidad directamente sobre el gobierno de Claudia Sheinbaum.
Entiendo la exigencia norteamericana. El fentanilo ha provocado cientos de miles de muertes acumuladas y ha convertido algunas calles estadounidenses en escenarios que ese país no está acostumbrado a contemplar. Personas dobladas sobre sí mismas, cuerpos tirados en banquetas y comunidades enteras devastadas por una droga capaz de matar con una dosis diminuta.
Estados Unidos posee una sociedad acostumbrada a la seguridad, a la atención médica inmediata y a convertir el dolor en emergencia hospitalaria. Su estabilidad cotidiana parece sólida, pero su statu quo es mucho más frágil de lo que presume.
Cuando las imágenes del deterioro humano aparecen todos los días en todo tipo de pantallas, el miedo termina llegando a las urnas.
Trump lo sabe. Enfrentar el tráfico de fentanilo, presentar a los cárteles como organizaciones terroristas y obligar a México a detener a sus protectores políticos puede producirle dividendos electorales.
Las elecciones intermedias están cerca y detener esas escenas —o convencer a los estadounidenses de que está haciendo todo lo posible por detenerlas— puede traducirse en votos.
Eso no vuelve falsa la amenaza. La vuelve políticamente rentable.
El gobierno de Estados Unidos reconoce que el gobierno mexicano ha incrementado los decomisos, destruido laboratorios y desplegado fuerzas militares en la frontera. También acredita una mayor cooperación bilateral. Pero enseguida viene el golpe: México debe hacer más, invertir más en seguridad y capturar a los funcionarios que facilitaron las operaciones de los cárteles.
Marco Rubio acompañó el mensaje con otra advertencia: el narcoterrorismo ha obligado a los mexicanos a vivir con miedo en sus propios hogares, mientras el veneno enviado al norte ha matado a cientos de miles de estadounidenses.
Duele admitirlo, pero el diagnóstico no es descabellado.
En amplias regiones mexicanas, los delincuentes cobran derecho de piso, deciden quién puede trabajar, controlan carreteras, imponen candidatos y administran el miedo. Se puede discutir la palabra “narcoterrorismo”, pero resulta mucho más difícil discutir los cadáveres.
Por su parte, Claudia Sheinbaum responde con discursos sobre soberanía, independencia y dignidad nacional. México no se entrega, no se vende y no se arrodilla, afirma. La frase suena bien frente a una escolta militar y una bandera monumental.
El problema aparece cuando la soberanía se utiliza como cortina para no responder una pregunta elemental: ¿quiénes son los funcionarios mexicanos que han protegido a los cárteles?
Defender la soberanía no significa proteger corruptos. Exigir pruebas es correcto; esconderse detrás de la bandera para evitar investigaciones sería patriotismo de utilería. La bandera cubre a la nación, no debe servir para tapar expedientes.
Sheinbaum parece no comprender del todo la cultura política norteamericana y juega a la patriotera o a la desentendida. Quizá cree que Trumpúnicamente está fanfarroneando, que sus declaraciones pasarán como otras amenazas y que bastará con repetir “coordinación, no subordinación”. Pero Trump no acostumbra a amenazar en voz baja ni olvidar cuando encuentra una causa rentable ante sus electores. Declarar terroristas a los cárteles cambió el tamaño del tablero. Pedir el arresto de sus cómplices políticos es el paso siguiente. Después podrían venir acusaciones judiciales, órdenes de captura, cancelaciones de visas, congelamiento de cuentas y solicitudes de extradición. Esto último todavía no aparece en la exigencia recién formulada, pero dejó de ser una posibilidad extravagante.
La presión no caerá solamente sobre delincuentes escondidos en la sierra. Puede alcanzar oficinas públicas, gobiernos estatales, legisladores, dirigentes partidistas y personajes que durante años caminaron acompañados por la impunidad.
En Méxicoexiste una vieja tradición: cuando la justicia llama a la puerta, el funcionario pregunta si trae cita. Trump parece dispuesto a entrar sin anunciarse.
Por eso, la exigencia no debe interpretarse como otra declaración altisonante. Es una espada, como la de Damocles, pero sobre el gobierno de Sheinbaum.
Ella puede investigar y procesar a quienes hayan protegido al narcotráfico, o puede continuar envolviéndose en la bandera mientras Washingtonconstruye sus propios expedientes.
La espada pende de un cabello. La pregunta no es si Trump seguirá jalándolo, sino cuánto tiempo resistirá antes de romperse. Ahí está, El Meollo del Asunto
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