Por: Daniel Valles.
Lo que estamos viendo no es nuevo. Es el viejo juego de siempre: cuando la evidencia incomoda, se cuestiona al mensajero. Y si el mensajero viene del extranjero, mejor aún, porque entonces se envuelve todo en la bandera y se le llama “defensa de la soberanía”.
Claudia Sheinbaum salió a decir que, si no hay pruebas contra Rubén Rocha Moya, entonces todo es político. Punto. Así, sin matices. O hay pruebas “contundentes e irrefutables” bajo el estándar mexicano, o se trata de una maniobra extranjera. Y agregó que, sin pruebas no se puede acusar a alguien. No lo dijo hoy en su mañanera, pero sí ha aceptado que se ´puede acusar a alguien sin pruebas. A un hombre, por el dicho de una mujer y encarcelarlo por violencia vicaria de género. ¿Entonces qué, se puede o no se puede?
El problema es que esa postura, que suena firme en el discurso, es débil en la lógica. Y además muestra una gran inequidad.
Primero: la exigencia de pruebas. Claro que deben existir. Nadie serio pide condenas sin evidencia. Pero aquí hay un detalle que parece ignorarse —o peor, se usa como coartada—: los procesos judiciales en Estados Unidos no funcionan como ruedas de prensa. No presentan todo en público, ni lo entregan al gobierno acusado para que lo revise con calma.
Segundo: la narrativa de la soberanía. La Fiscalía General de la República queda como árbitro único. Bien. Es lo correcto en teoría. Pero en la práctica, cuando el poder político controla el ritmo, la profundidad y el alcance de la investigación, la soberanía deja de ser un principio jurídico y se convierte en escudo político.
Y aquí es donde entra el fondo del asunto: la confianza.
Porque no se trata solo de si Rocha es culpable o inocente. Se trata de si el sistema mexicano tiene credibilidad para investigarlo sin presiones, sin cálculos electorales y sin proteger a nadie.
México ha construido, con años de impunidad selectiva, un problema estructural: la justicia se percibe como negociable. Y cuando eso ocurre, cualquier señal externa prende focos rojos, no por injerencia, sino por desconfianza interna.
Decir que “si no hay pruebas, es político” es una trampa lógica. Es un falso dilema. Porque excluye una tercera posibilidad: que sí existan indicios relevantes, pero que no se compartan públicamente por razones legales. O peor aún, que existan, pero no convenga reconocerlos.
Jean-Paul Sartre hablaba de la “mala fe”: ese mecanismo donde el individuo se engaña a sí mismo para evitar una verdad incómoda. No miente abiertamente; se construye una narrativa donde puede seguir viéndose como correcto.
El gobierno mexicano no está equivocado en defender la soberanía. Está equivocado en usarla como sustituto de la verdad. Porque la soberanía sin verdad es puro discurso, y la justicia sin credibilidad es simulación.
Y aquí viene lo incómodo: si el costo de sostener esa narrativa es tensar la relación con Estados Unidos, poner en riesgo acuerdos comerciales o deteriorar la confianza internacional, entonces no estamos hablando de política exterior… estamos hablando de una apuesta interna que todos vamos a pagar.
Porque cuando el gobierno “patea” una acusación de este tamaño, no la desaparece. La pospone. Y generalmente, la agrava.
Al final, la pregunta no es si Estados Unidos tiene pruebas. La pregunta es si México quiere verlas. Y, sobre todo, si quiere hacer algo con ellas. Ahí, exactamente ahí está El Meollo del Asunto.