Por: Daniel Valles.
La renuncia de César Jáuregui Moreno no es un trámite administrativo. Es un síntoma. Y de los graves. Porque cuando un fiscal admite “omisiones” en un operativo donde hay agentes extranjeros encubiertos, muertos de ambos lados y versiones que cambian como calcetines, lo que tenemos no es un error: es una grieta institucional.
El hecho es claro: un operativo en la Sierra Tarahumara, supuestamente exitoso —“uno de los laboratorios más grandes destruidos”— termina opacado por algo más delicado: la presencia de agentes estadounidenses sin registro oficial, sin autorización formal y, peor aún, sin control institucional.
Aquí no hay espacio para ingenuidad. En cualquier Estado que se respete, la soberanía no es un discurso de plaza pública: es una práctica diaria. Y esa práctica exige orden, protocolos y mando. Si agentes extranjeros operan en territorio nacional sin que la cadena de mando esté enterada, entonces el problema no es solo legal; es estructural.
Jáuregui hace algo que escasea en la política mexicana: renuncia. Y eso hay que decirlo sin regateos. No lo corren, no lo exhiben en la plaza, no lo arrastran. Él mismo reconoce inconsistencias, admite fallas y se hace a un lado. Eso, en términos políticos, tiene dos lecturas: una, asume el costo; dos, protege su futuro. No es martirio, es cálculo… pero también es responsabilidad. Y eso, en estos tiempos, ya es noticia.
Ahora bien, el fondo es más inquietante. La propia Fiscalía acepta que el contacto con los agentes extranjeros se manejó en un círculo cerrado, prácticamente personal, encabezado por el director de la AEI fallecido. Es decir: se operó al margen del sistema. Y cuando el sistema se entera, ya hay muertos.
Eso no es coordinación internacional. Eso es improvisación con uniforme.
Y aquí entra el segundo actor: María Eugenia Campos Galván.
La gobernadora queda en una posición delicada. Si respalda la renuncia como acto de responsabilidad, fortalece la narrativa de control. Perosi no logra explicar cómo ocurrió este vacío de mando, entonces el mensaje será otro: que el Estado no sabe quién opera dentro de su territorio.
Y eso, en una entidad golpeada por el crimen organizado, no es un detalle menor. Es gasolina.
Porque hay que decirlo sin rodeos: la lucha contra el crimen no puede convertirse en una zona gris donde todo se permite. Cuando el combate pierde reglas, deja de ser justicia y se convierte en arbitrariedad. Y la arbitrariedad, tarde o temprano, se paga.
El propio Jáuregui lo reconoce: la exigencia de resultados no justifica violar la ley. Ahí está el meollo del asunto del problema. Porque México lleva años atrapado en esa trampa: queremos resultados inmediatos, aunque el proceso se tuerza. Queremos golpes espectaculares, aunque el procedimiento se contamine. Y luego nos sorprendemos cuando todo se cae.
La cereza del pastel es la contradicción narrativa. Primero: agentes en operativo antidrogas. Luego: estaban dando capacitación con drones. Después: eran cuatro, no dos. Finalmente: nadie sabía oficialmente que estaban ahí. Cada versión no corrige la anterior; la debilita.
Y cuando la autoridad duda de sí misma, el ciudadano deja de creerle. César, con su renuncia, trata de remediar y detener el efecto.
Entonces, aquí no estamos hablando solo de un accidente ni de una renuncia. Estamos viendo un modelo de operación que depende más de relaciones personales que de instituciones. Y ese modelo, tarde o temprano, revienta.
La pregunta que queda flotando es simple y brutal: ¿cuántas operaciones más se han manejado así?
Porque si esta salió a la luz fue por un choque. Por muertos. Por ruido mediático. Pero lo que preocupa no es lo que vimos, sino lo que no hemos visto.
En política, los errores no son solo fallas; son revelaciones. Y este error revela un Estado que, en ciertos niveles, sigue funcionando como feudo: cada quien, con su información, cada quien, con su contacto, cada quien con su verdad.
Y así no se combate nada. Así solo se administra el caos.
La renuncia de Jáuregui, con todo y su carga política, es apenas el primer movimiento. Lo que sigue es más complicado: reconstruir confianza. Y eso no se logra con discursos, sino con controles reales, con transparencia incómoda y con una verdad que no cambie cada 48 horas.
Porque cuando la ley se vuelve flexible, la justicia deja de ser justicia.
Y ahí, justo ahí… está el problema de fondo y El Meollo del Asunto.