Por: Daniel Valles.
Ayer el Senado aprobó la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. Aprobar no indica que está vigente. Aún falta.
La reforma aún debe pasar por la Cámara de Diputados, pero todo indica que avanza con respaldo político suficiente.
De aprobarse definitivamente, la reducción sería gradual y entraría plenamente en vigor hasta el año 2030. Suena bien. Suena justo. Suena moderno. ¿Quién podría oponerse a trabajar menos y vivir más? El problema es que los eslóganes no pagan nómina.
México no es Alemania ni Francia. Somos un país que compite en manufactura por costos. Ciudad Juárez vive de eso. Aquí no exportamos discursos; exportamos piezas, arneses, autopartes y horas-hombre.
Reducir la jornada laboral sin reducir salario implica aumentar el costo por hora trabajada. Y cuando el costo sube, el inversionista compara. Compara con Asia, con Centroamérica, con República Dominicana o con cualquier país que ofrezca energía más barata, menos regulación o mayor certidumbre jurídica.
El Senado dio el paso político. Ahora corresponde a la Cámara de Diputados analizar el impacto económico real.
La pregunta no es si el trabajador merece descansar más. Claro que lo merece. La pregunta es si el país está listo para absorber el impacto sin perder competitividad. Porque mientras en el Congreso celebran la jornada de 40 horas, en Juárez miles de trabajadores de First Brands perdieron su empleo. Más de tres mil familias dejaron de tener ingreso fijo de un día para otro.
En Chihuahua se han perdido cerca de 70 mil empleos industriales desde 2023.
Ahí está la otra cara de la moneda.
¿Podemos permitirnos aumentar costos laborales cuando estamos perdiendo plantas?
¿Tenemos una estrategia paralela de productividad, capacitación y energía competitiva?
¿O estamos legislando con buena intención, pero sin cálculo económico suficiente?
Las cifras macroeconómicas pueden presumir niveles récord de inversión extranjera. Pero la economía no se vive en los informes; se vive en la nómina.
La reducción de la jornada puede ser un avance social si va acompañada de:
– aumento real de productividad,
– simplificación regulatoria,
– certeza jurídica,
– costos energéticos competitivos.
Sin eso, el riesgo es que el beneficio social termine convertido en fuga industrial. Trabajar menos no es el problema.
El problema sería producir menos y competir peor. La reforma está en camino en la Cámara de Diputados.
Hay tiempo para discutirla con seriedad, no con aplausómetro. Porque el empleo no se presume. El empleo se protege.
Y en la frontera, cuando el empleo tiembla, toda la ciudad lo siente. Ese es el Meollo del Asunto.