Por: Daniel Valles.
El episodio de las camionetas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es menor ni anecdótico. Es un síntoma.
Y como todo síntoma, revela una enfermedad más profunda: el doble discurso elevado a norma moral.
Los ministros aceptaron desde un inicio las camionetas. Nadie se las impuso. Las recibieron, las usaron, se dejaron seducir por la comodidad y por el mensaje implícito de poder que siempre acompaña al lujo. Sólo cuando el reflector mediático se encendió, cuando la contradicción quedó al desnudo, vino la “renuncia” a los vehículos.
No fue convicción: fue presión. Y eso cambia todo.
Aquí no estamos hablando de fierros, motores o blindajes. El problema no son las cosas. El problema son las personas.
Porque las obligaciones morales surgen únicamente en relación con alguien, no con algo. Uno no le falla a una camioneta; le falla a la gente.
El régimen actual ha repetido hasta el cansancio que “no son como los de antes”. Que llegó una nueva ética pública, una nueva manera de ejercer el poder. Pero aceptar privilegios y devolverlos sólo cuando hay escándalo
es exactamente la vieja receta. Cambian los slogans, no las prácticas.
La austeridad republicana, así entendida, no es una política: es una narrativa. Funciona mientras nadie mire de cerca. Se exige con severidad hacia abajo, pero cuando toca a los niveles altos del poder, la austeridad se vuelve flexible. Y eso, dicho sin rodeos, es hipocresía institucional.
La falta no es administrativa; es moral. Porque la responsabilidad moral no nace del objeto aceptado, sino de la relación con quienes escucharon, creyeron y confiaron. Cuando se promete una cosa y se practica otra,
la ruptura no es con el discurso, sino con la gente.
Devolver las camionetas no repara el daño original. A lo sumo, reduce el costo político.
El mensaje que queda es inquietante: no es que no quieran los privilegios, es que no quieren que se note.
Y cuando la ética depende de si hay cámaras o no, entonces no es ética: es cálculo. Ahí El Meollo del Asunto.
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