Por: Daniel Valles.
Los libros de texto gratuitos están por llegar a las manos de 265 mil 536 alumnos de Ciudad Juárez. Servicios Educativos del Estado de Chihuahua reporta un avance de 93.27 por ciento en su recepción. En secundaria y telesecundaria ya se cuenta con todos los ejemplares; en primaria falta poco, pero en preescolar apenas se ha recibido el 61.69 por ciento.
Los libros llegarán. Lo que todavía no llega es una explicación completa sobre algunos de quienes los diseñaron.
Marx Arriaga encabezó la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública entre 2021 y febrero de 2026. Fue uno de los principales responsables del rediseño de los libros de texto de la llamada Nueva Escuela Mexicana. No era un empleado periférico encargado de escoger el color de las portadas: dirigió el área que decidió buena parte de lo que millones de niños estudiarían y de la manera en que interpretarían la historia, la sociedad y hasta las relaciones humanas.
Arriaga nunca ocultó su marxismo. Cuando finalmente abandonó las oficinas de la SEP, después de permanecer ahí más de cien horas a la espera de la notificación formal de su destitución, salió cargando un retrato de Karl Marx. Cada uno escoge sus estampitas.
Su salida estuvo rodeada de versiones encontradas. Él sostuvo que se negó a modificar partes fundamentales de los libros; la SEP habló de diferencias respecto de sus contenidos, particularmente sobre la inclusión de mujeres en la narrativa histórica. La titular del Poder Ejecutivo Federal reconoció públicamente su trabajo. Hasta ahora, no existe una acusación formal conocida contra Arriaga por actos de corrupción. Esa reserva debe quedar escrita con claridad: haber sido destituido, ser marxista o haberse atrincherado en una oficina no convierte automáticamente a nadie en delincuente.
Después vino la ironía. Arriaga anunció que pondría en venta su casa en Ciudad Juárez y algunos bienes porque, según explicó, la SEP no le había pagado su liquidación y ya no podía cubrir los intereses de su crédito hipotecario. Un marxista consumado enfrentándose al banco, la hipoteca, los intereses y la necesidad de vender su propiedad privada. Es decir, padeciendo uno de esos problemas que solamente enfrentan los capitalistas en desgracia.
Pero el episodio deja de ser gracioso cuando aparece Sady Arturo Loaiza Escalona, quien fue director de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos y colaborador inmediato de Arriaga. Loaiza trabajó anteriormente para el gobierno venezolano de Nicolás Maduro y ocupó el cargo en la SEP de enero de 2022 a julio de 2025.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobiernoinició contra él un procedimiento de responsabilidad administrativa por la presunta comisión de una falta grave relacionada con cohecho. Trabajadores de la SEP lo acusaron de exigir pagos para no despedirlos o trasladarlos a otras ciudades. Son acusaciones, no una sentencia.
Tampoco debe afirmarse que Loaiza está “prófugo”. El Órgano Interno de Controlinformó oficialmente que no fue localizado en los domicilios proporcionados y ordenó emplazarlo mediante edictos. No es lo mismo estar ilocalizable para un procedimiento administrativo que huir de una orden de aprehensión.
Las palabras importan, sobre todo cuando hablamos de personas dedicadas a fabricar palabras para los libros escolares.
No hay elementos para atribuir a Marx Arriaga las presuntas conductas de Loaiza.La responsabilidad penal y administrativa es individual. Sin embargo, resulta legítimo preguntar qué sabía el director general sobre lo que ocurría bajo su mando, cuándo surgieron las primeras quejas, qué controles operaban dentro del área y por qué un funcionario señalado pudo abandonar su cargo antes de ser localizado por las autoridades.
Ser jefe no significa ser culpable de todo lo que hacen los subordinados. Pero tampoco puede significar no enterarse jamás de nada. Esa curiosa enfermedad administrativa —mandar mucho y saber poco— ha producido más inocentes sorprendidos que cualquier fábrica gubernamental.
Estos hechos no demuestran por sí mismos que los libros sean deficientes ni que todos sus contenidos estén contaminados por corrupción.
Sí justifican revisar quiénes intervinieron en su elaboración, cuáles fueron sus criterios, cómo se tomaron las decisiones y qué vigilancia existió sobre un equipo encargado de formar intelectualmente a millones de menores.
La pregunta no es solamente cuándo terminarán de repartirse los libros. También debemos preguntar quiénes los hicieron y con qué autoridad intelectual, administrativa y moralpretendieron definir la nueva educación mexicana.
Uno salió entre diferencias ideológicas, un retrato de Marx y una hipoteca capitalista.
El otro debe presentarse para responder por una presunta falta grave. Entre ambos quedaron los libros que nuestros niños abrirán en las aulas.
Y eso, con todas las reservas legales necesarias, merece algo más que el silencio burocrático. Ahí El Meollo del Asunto.