Por: Daniel Valles.
El Salvador se convirtió en el laboratorio incómodo de América Latina. Un país pequeño, golpeado durante décadas por las pandillas, decidió cambiar una pregunta moral por una pregunta práctica: “¿qué vale más, los derechos procesales de miles de criminales o la tranquilidad de millones de ciudadanos?”. Y guste o no guste, la mayoría de los salvadoreños ya respondió.
Mientras organismos internacionales, ONGs y analistas europeos redactan informes alarmados por las políticas de Nayib Bukele, una parte enorme de la población salvadoreña parece tener otra prioridad mucho más terrenal: poder salir a la calle sin miedo.
Ahí comienza el verdadero debate. No el mediático. No el diplomático. El debate real está debajo del ruido.
Porque durante años, El Salvador fue prácticamente rehén de las maras. Colonias enteras vivían bajo control criminal. Extorsión, asesinatos, reclutamiento forzado, desapariciones y terror cotidiano formaban parte de la normalidad. El Estado había perdido algo fundamental: autoridad moral y control territorial, como producto del gobierno progresista de izquierda del FMNL
Entonces apareció Bukele.
Y sí, concentró poder. Mucho poder. Lo suficiente para provocar incomodidad internacional. Pero también logró algo que pocos gobiernos latinoamericanos han podido presumir: reducir brutalmente los homicidios y devolver la percepción de orden estatal.
Los números son difíciles de ignorar.
El Salvador pasó de tasas superiores a 100 homicidios por cada 100 mil habitantes hace una década, a cifras oficiales menores a 2 homicidios por cada 100 mil habitantes recientemente. Mientras tanto, el México progresista de Morena, continúa registrando más de 30 mil homicidios anuales y una impunidad obscena.
Y aquí es donde el tema se vuelve incómodo para Morena.
Porque cada vez que El Salvador presume orden, México exhibe descontrol.
Cada vez que Bukele muestra cárceles llenas de pandilleros, México muestra regiones donde el crimen organizado cobra piso, desplaza familias, controla municipios y decide quién puede trabajar o abrir negocios.
La diferencia es brutal. Un fruto que no se puede minimizar, menos ocultar.
El Salvador combatió pandillas urbanas.
México enfrenta cárteles transnacionales con capacidad paramilitar, miles de millones de dólares, control territorial, redes políticas, tráfico de armas, trata, huachicol, minería ilegal y poder electoral.
No es la misma bestia.
México no tiene un problema criminal. Tiene ecosistemas criminales completos.
Por eso resulta tan delicado el modelo de seguridad progresista de izquierda que Morena impulsó durante años. La famosa narrativa de “abrazos, no balazos” terminó enviando una señal peligrosísima: el Estado parecía dudar de sí mismo.
Y el crimen organizado detecta rápido cuando el gobierno titubea.
Porque los grupos criminales no funcionan con filosofía moral. Funcionan con cálculo de riesgo. Si sienten debilidad institucional, avanzan. Si perciben temor político, ocupan espacio. Si observan gobiernos más preocupados por la narrativa internacional que por el ciudadano común, se expanden.
Eso es precisamente lo que millones de mexicanos comenzaron a percibir.
Aquí aparece la paradoja que muchos analistas progresistas no entienden: para la madre salvadoreña que ahora puede llevar a su hijo a la escuela sin pagar extorsión; para el comerciante que dejó de entregar cuotas; para el chofer que ya no cruza colonias bajo amenaza, las críticas de organismos internacionales pesan muchísimo menos que la seguridad cotidiana. La que todos quieren conservar.
Y eso tiene lógica humana elemental. La que, en el estado mexicano de Morelos, desearían tener ahora mismo y conservarla de igual manera.
Las élites internacionales suelen hablar desde oficinas seguras.
La gente común habla desde el miedo diario.
Por eso Bukele mantiene altos niveles de aprobación, aunque sea acusado constantemente de autoritario. Porque para una sociedad traumatizada por la violencia, el orden puede convertirse en prioridad absoluta.
El problema es que México corre un riesgo todavía peor.
No necesariamente un autoritarismo funcional como el salvadoreño.
Sino algo más peligroso: autoritarismo sin control territorial.
Mucho poder político arriba. Mucho poder criminal abajo. Y el ciudadano aplastado en medio.
Eso explica por qué el caso Bukele incomoda tanto políticamente. No porque América Latina tema exclusivamente los excesos del poder. Sino porque exhibe algo todavía más doloroso: que muchos gobiernos democráticos latinoamericanos han sido incapaces de garantizar lo más básico.
Orden.
Seguridad.
Control territorial.
Protección al ciudadano.
Y cuando el Estado deja de garantizar eso, la población comienza a tolerar cosas que antes habría rechazado. Ahí está el verdadero riesgo regional. No sólo el avance del autoritarismo. Sino el colapso de la confianza en democracias incapaces de proteger a su propia población.
Mientras tanto, México sigue atrapado en discursos ideológicos llenos de un progresismo que espantaría a mismo Gramcsi, una polarización permanente y disputas narrativas, mientras regiones enteras continúan viviendo bajo formas parciales de cogobierno criminal.
Y aquí esta ésa pregunta incómoda que nadie quiere responder:
¿qué hará primero el Estado mexicano?
¿recuperar el país?
¿o seguir administrando el caos?
Porque una sociedad puede tolerar muchas cosas. Pero no indefinidamente el miedo.
Ahí y así es, El Meollo del Asunto.