Por: Daniel Valles.
“No hay loco que coma lumbre ni Morena que arriesgue la elección de 2027”.
Apenas se conoció que diputados oficialistas analizaban incrementar el IEPS a la cerveza y extenderlo a frituras, salsas, sopas instantáneas, embutidos y otros alimentos con alto contenido de sodio, cuando la bancada guinda metió reversa. La “afinación” fiscal terminó convertida en desafinación política.
El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Carol Antonio Altamirano, había informado que existían propuestas para “afinar” impuestos. Se consideraba recaudar alrededor de 12 mil millones de pesos con los productos altos en sodio y aproximadamente 6 mil 500 millones mediante modificaciones a las bebidas alcohólicas. Nada estaba aprobado, pero tampoco era una ocurrencia periodística: había estudios, mesas de trabajo y conclusiones técnicas.
La reacción llegó pronto. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro, calificó los posibles incrementos como “especulaciones”, pidió a sus compañeros guardar silencio y ordenó esperar hasta el 8 de septiembre,cuando el Ejecutivo federal entregará el Paquete Económico 2027.
Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de la bancada, fue todavía más categórico: “No habrá incremento de impuestos ni habrá aumento de tasas”.Aclaró que los planteamientos sobre alcohol y alimentos con sodio provenían de un grupo de trabajo, pero no representaban una decisión de Morena. La versión oficial sostiene que la estrategia recaudatoria se concentrará en la evasión, la facturación falsa y la llamada planeación fiscal agresiva.
La explicación formal puede ser cierta, pero no alcanza para ocultar la maniobra política. Si solamente eran opiniones de especialistas, ¿por qué el presidente de la Comisión de Hacienda habló de ellas como posibilidades para el siguiente paquete fiscal? Y si no existía decisión alguna, ¿por qué fue necesario que Monreal saliera a corregir la plana y a pedir silencio?
Sencillo: alguien recordó que en 2027 habrá elecciones.
La cerveza, las sopas instantáneas, las frituras, las salsas y los embutidos no son productos exclusivos de las élites económicas. Forman parte del consumo cotidiano de millones de familias, particularmente de aquellas con menores ingresos. Gravar esos productos habría producido una recaudación modesta frente a las necesidades del gobierno, pero un costo político considerableentre la masa electoral que Morena necesita conservar.
Eso habría significado contrariar una de las principales enseñanzas de su mentor y gurú, Andrés Manuel López Obrador: primero los pobres, pero sobre todo nunca incomodar a los pobres antes de una elección. Una cosa es citarlos en el discurso y otra muy distinta aumentarles el precio de la cerveza y la sopa instantánea mientras se solicita nuevamente su voto.
El oficialismo aprendió que los impuestos también votan. El contribuyente cautivo protesta, presenta declaraciones, paga recargos y, finalmente, cumple. El consumidor popular, en cambio, puede expresar su inconformidad en las urnas. Morena no necesitó un sofisticado modelo econométrico para comprenderlo; bastó revisar el calendario electoral.
La rectificación tampoco elimina el problema de fondo. Monreal reconoció que el país necesita mayores ingresos y que resulta imposible ampliar el gasto social conservando la misma recaudación. Según sus declaraciones, la política social requiere alrededor de un billón de pesos.
Las pensiones, los programas sociales, la infraestructura, el costo financiero de la deuda y el aparato gubernamental no se pagan con conferencias matutinas ni con estampitas de la honestidad.
Si Morena decide no tocar los productos populares, tendrá que buscar el dinero en otra parte. Y ya mostró hacia dónde piensa dirigir la mirada: grandes empresas, personas físicas con actividad empresarial, facturación, deducciones, devoluciones, esquemas de planeación fiscal y contribuyentes formales que el SAT puede localizar sin necesidad de lupa ni sabueso.
También se anticipa una mayor vigilancia del IEPS a los combustibles para combatir el huachicol fiscal. La propuesta anunciada por la titular del poder ejecutivo federal buscaría dar trazabilidad al impuesto desde la importación hasta la venta. Perseguir evasores y operaciones simuladas es correcto; permitir que algunos paguen poco o nada mientras otros cumplen puntualmente también constituye una injusticia.
El riesgo aparece cuando combatir la evasión se convierte en el eufemismo para aumentar auditorías, restringir deducciones, retrasar devoluciones y tratar como sospechoso al contribuyente que ya está registrado.
En México, la autoridad suele buscar las llaves debajo del farol, no porque ahí se hayan perdido, sino porque ahí hay luz. Los cautivos son visibles, tienen domicilio fiscal, cuenta bancaria, nómina y facturas electrónicas. Cobrarles resulta más fácil que desmantelar redes de contrabando protegidas desde el poder.
Sabemos bien que, no hay loco que coma lumbre ni Morena que arriesgue la elección de 2027. La cerveza y la comida popular pueden salvarse del nuevo gravamen, cuando menos por ahora, no necesariamente por sensibilidad social, sino por supervivencia electoral.
En conclusión, el régimen morenista difícilmente renunciará a recaudar más. Solamente cambiará el objetivo. Evitará el impuesto que pueda convertirse en reclamo masivo y avanzará contra quienes ofrecen menor riesgo político: empresas formalizadas, profesionistas, patrones, asalariados y demás contribuyentes cautivos.
La “afinación” no fue cancelada. Apenas cambiaron de instrumento. Y todo indica que ahora pretenden afinar la caja registradora del SAT con las cuerdas del contribuyente que ya paga. Ahí pues, El Meollo del Asunto.