Culpas, visas y el derecho de los hijos.
Por: Daniel Valles.
El temor a perder la visa por el llamado turismo de nacimiento, sumado a la incertidumbre jurídica, ha llevado a algunas familias fronterizas a evitar temporalmente el cruce hacia Estados Unidos. Es comprensible.
Nadie quiere llegar al puente con documentos y regresar únicamente con el susto. Sin embargo, es muy probable que la ciudadanía de quienes nacieron en aquel país permanezca protegida, aunque sus padres deban enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones.
Ésa es la diferencia que no debemos perder entre tanto ruido migratorio: una cosa es la responsabilidad de los padres y otra, muy distinta, el derecho de los hijos.
La administración de Donald Trump intentó restringir la ciudadanía por nacimiento cuando atribuyera a los padres turismo de nacimiento, fraude migratorio o participación en operaciones comerciales organizadas para obtenerla. El 2 de septiembre, la jueza federal Deborah Boardman bloqueó provisionalmente la aplicación de la orden. Consideró que probablementees inconstitucional negar o poner en duda la ciudadanía de esos menores.
La resolución no es definitiva. Puede ser apelada y el litigio continuará. Tampoco devuelve visas canceladas, no impide revisar documentos ni exonera a quienes hayan mentido. Lo que frena es el intento de trasladar al hijo las consecuencias de la conducta atribuida a sus padres.
Hace dos mil años se planteó a Jesús de Nazareth, una pregunta semejante.
Al encontrarse con un hombre ciego de nacimiento, sus discípulos preguntaron: “Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que haya nacido ciego?”. Jesús declaró: “No es que pecó éste, ni sus padres” (Juan 9:2-3).
Cristo no estaba dictando jurisprudencia migratoria, evidentemente. Pero sí rechazó la relación automática entre la condición del hijo y el pecado de sus padres.
La pregunta nacía de una creencia antigua: si alguien sufría, necesariamente debía existir una culpa propia o heredada que lo explicara. Jesús rompió esa ecuación.
Hoy la pregunta reaparece detrás de una ventanilla gubernamental: si los padres mintieron, ¿debe pagar también el hijo?
Si una madre declaró que viajaba de compras cuando llevaba un parto deliberadamente planeado; si ocultó información o presentó documentos falsos, debe responder por ello. La mentira corrompe el procedimiento porque altera los hechos para obtener una decisión que quizá no habría sido concedida conociendo la verdad. El embarazo no es delito; engañar a la autoridad puede tener consecuencias.
Pero el hijo no solicitó la visa, no compareció ante el consulado, no contestó al oficial ni planeó el viaje. Convertir la falta del adulto en la pérdida de un derecho del menor sería aplicar una especie de castigo hereditario. Y la justicia que hereda culpas deja de ser justicia.
La Escritura lo establece con claridad: “El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo” (Ezequiel 18:20). La responsabilidad moral es personal. Dios no administra culpas familiares como si fueran apellidos o propiedades intestadas.
Aquí aparece también una dificultad para quienes afirman que toda moral es relativa. Si no existe una norma superior al gobierno, al juez y a la mayoría, no podríamos declarar injusto que un hijo pague por sus padres. Apenas podríamos decir que la medida no nos gusta. Lo justo terminaría siendo aquello que el poder consigue imponer.
Pero no todo lo legal es justo. La historia está llena de leyes que autorizaron la esclavitud, la segregación y la persecución. Fueron normas vigentes, pero moralmente perversas. Podemos juzgarlas porque la justicia necesita una fuente moral que no dependa del gobernante de turno. De lo contrario, la fuerza se pone una toga, aprende vocabulario jurídico y pretende convertirse en virtud.
La moral cristiana encuentra esa fuente absoluta en el carácter de Dios. Abraham formuló la pregunta esencial: “El Juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo?” (Génesis 18:25). El poder humano no crea la justicia; está obligado a sujetarse a ella.
Por eso no hay contradicción en condenar duramente la mentira migratoria y, al mismo tiempo, defender los derechos del hijo. Al contrario: ambas posturas nacen del mismo principio moral. La verdad exige responsabilizar a quien engañó; la justicia impide condenar a quien no participó en el engaño.
El miedo y la incertidumbre han hecho que algunas familias fronterizas prefieran no cruzar. El litigio deberá aclarar el alcance de la orden, pero la protección constitucional de quienes nacieron en Estados Unidos conserva una defensa judicial sólida. Eso no significa impunidad para los padres.
Si mintieron, que respondan. Si existe fraude, que se demuestre. Pero no se cobre al hijo una deuda moral que jamás contrajo. Jesús declaró que la condición del hijo no podía atribuirse automáticamente al pecado de sus padres. Dos mil años después, todavía hay poderes que necesitan escuchar la respuesta.
Ni impunidad para los padres ni factura para los hijos. Así El Meollo del Asunto.