Daniel Valles | Agosto de 2026.
En México hay crisis que llegan haciendo ruido y otras que se instalan discretamente, se sientan a la mesa y comienzan a comerse el presupuesto. La de las pensiones pertenece al segundo grupo.No explota, no marcha ni bloquea carreteras, pero cada año exige más dinero y deja menos espacio para salud, educación, seguridad e infraestructura.
Hace apenas un año señalábamos que el gasto pensionario superaba 1.6 billones de pesos. La cifra ya fue rebasada ampliamente. Para 2026, México destina alrededor de 2.32 billones de pesos a pensiones contributivas y no contributivas.
Son casi 23 de cada 100 pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación. Antes de construir una clínica, reparar una carretera o contratar policías, prácticamente una cuarta parte del dinero ya tiene nombre, apellido y fecha de depósito.
Las pensiones contributivas —IMSS, ISSSTE, Pemex, CFE y otros sistemas públicos— absorben aproximadamente 1.70 billones de pesos.Son aquellas respaldadas por cotizaciones laborales, aunque en muchos casos las aportaciones acumuladas resultan insuficientes y el gobierno debe completar la cuenta. No es culpa del jubilado. Él trabajó y cumplió las reglas existentes. El problema es que el Estado prometió beneficios sin crear reservas suficientes para financiarlos.
A lo anterior se agregan cerca de 620 mil millones de pesos en pensiones no contributivas: Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Pensión Mujeres Bienestar y otros apoyos semejantes. Aquí no existe una cotización previa que respalde el pago. El recurso sale directamente de los ingresos públicos.
Son programas que pueden justificarse como instrumentos contra la pobreza, pero haber convertido algunos de ellos en derechos universales significa entregar dinero también a personas que no lo necesitan. En México hasta la política social tiene la cortesía de no preguntar si el beneficiario es pobre, rico o dueño del estacionamiento donde llegó a cobrar.
El contraste con la deuda completa el cuadro. En 2026, el costo financiero de la deuda pública ronda 1.57 billones de pesos. No estamos hablando de pagar el capital, sino principalmente intereses y otros costos financieros. Por pensiones e intereses se irán aproximadamente 3.89 billones: cerca del 38 por ciento de todo el gasto federal. Dos obligaciones que no construyen hospitales, no abastecen medicamentos y no levantan infraestructura nueva, aunque ambas deben pagarse puntualmente.
Además, el Congreso autorizó al gobierno federalendeudamiento interno neto de hasta 1.78 billones de pesos y endeudamiento externo por 15 mil 500 millones de dólares. El gobierno ya no solamente paga una deuda enorme; necesita contratar más deuda para sostener el presupuesto.Es como pedir prestado para pagar los intereses del préstamo anterior, mientras se insiste en que las finanzas familiares marchan de maravilla porque todavía queda espacio en la tarjeta.
Aquí aparece el dilema que la clase política evita: no es posible aumentar indefinidamente pensiones, programas sociales, subsidios, obras y apoyos a empresas públicas con ingresos limitados. México recauda apenas 18.3 por ciento del PIB en impuestos, la proporción más baja entre los países de la OCDE.
La fiscalización, el combate a la evasión y los impuestos especiales pueden aportar recursos, pero no alcanzan para cubrir obligaciones que crecen año tras año.
Si no se realiza una reforma fiscal y pensionaria seria, el escenario más probable será una combinación de tres cosas: más deuda, impuestos parciales disfrazados de medidas saludables y deterioro gradual de los servicios públicos. No necesariamente anunciarán mañana un aumento generalizado del IVA.
Resulta políticamente más cómodo crear cuotas, subir derechos, eliminar deducciones, aumentar impuestos especiales y cobrar más a quienes ya están identificados por el SAT. La reforma fiscal llegará, pero podría llegar en abonos chiquitos y sin admitir su nombre.
La solución no consiste en arrebatar derechos adquiridos ni en escoger pensionados políticamente impopulares para quitarles prestaciones legales. Una pensión obtenida conforme a la ley debe respetarse. Tampoco basta con perseguir unas cuantas “pensiones doradas”: aun suprimiéndolas, el ahorro sería marginal frente a una cuenta de 2.32 billones.
Se necesita una reforma gradual que respete derechos adquiridos, revise las condiciones aplicables a nuevas generaciones, vincule edades de retiro con la esperanza de vida, unifique reglas entre sistemas públicos, transparente los subsidios que recibe cada régimen y focalice mejor las pensiones no contributivas.
Paralelamente,México requiere ampliar su base de contribuyentes, reducir privilegios fiscales, combatir verdaderamente la informalidad y revisar el gasto antes de exigir otro sacrificio a quienes ya pagan.
El problema no es que existan pensiones ni que se ayude a los adultos mayores. El problema es prometer beneficios permanentes con ingresos insuficientes y después llamar “humanismo” a pasarle la factura a los jóvenes.
La crisis pensionaria ya no está en camino. Llegó, abrió la puerta y comenzó a cobrar intereses. Ahí El Meollo del Asunto.
Fuentes consultadas.
• Presupuesto de Egresos de la Federación 2026
• Ley de Ingresos de la Federación 2026
• CIEP, Implicaciones del Paquete Económico 2026