Por: Daniel Valles.
Economía, palabra que viene del griego oikos (casa) y nomos (regla o norma), significa literalmente “la administración de la casa”. Si aplicáramos esa definición al Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, el hogar mexicano estaría quebrado. Sin ahorros, endeudado, y pagando con la tarjeta de crédito las cuentas del mes, con la esperanza de que el banco no cobre antes de que llegue el próximo depósito.
Y no es metáfora. Es diagnóstico.
El Congreso aprobó un gasto público de 10.1 billones de pesos, un incremento del 5.9{2919e9cb05cee92d6641494a6ace94d8c97539304d698938331438d3fc1f96e7} respecto al año anterior. De ese monto, casi el 18{2919e9cb05cee92d6641494a6ace94d8c97539304d698938331438d3fc1f96e7} provendrá de deuda interna, lo que significa que 17 de cada 100 pesos que gastará el gobierno serán prestados. El déficit se proyecta en 4.1{2919e9cb05cee92d6641494a6ace94d8c97539304d698938331438d3fc1f96e7} del PIB. En palabras simples: México gastará más de lo que gana.
A eso hay que añadir un dato político que salta a la vista: este presupuesto es el primero diseñado íntegramente por el equipo de Claudia Sheinbaum. Y aunque se presenta como un plan para “la justicia social y el progreso nacional”, en realidad parece más una estrategia para conservar poder y asegurar el terreno rumbo a las elecciones de 2027.
El reacomodo: ganadores y perdedores.
El presupuesto se aprobó después de una sesión maratónica en San Lázaro, entre pancartas, gritos y acusaciones cruzadas por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. El ambiente fue tan tenso que algunos diputados hablaron de que “se michoacanizó” el debate.
En el reparto final, los grandes ganadores fueron Educación, Ciencia, Medio Ambiente, Cultura y Agricultura, mientras que los grandes perdedores fueron el Poder Judicial, el INE, la Fiscalía General de la República y la CNDH.
El recorte al Poder Judicial fue de 15 mil 805 millones de pesos, de los cuales más de 14 mil se quitaron al Órgano de Administración Judicial y 661 millones a la Suprema Corte. En contraste, la Secretaría de Educación Pública recibió 10 mil 14 millones de pesos adicionales, equivalentes al 56{2919e9cb05cee92d6641494a6ace94d8c97539304d698938331438d3fc1f96e7} de todas las reasignaciones.
Los recursos se redirigen hacia programas sociales y subsidios educativos: becas, apoyos a centros de enseñanza, y programas como “Expansión de la Educación Inicial”. Todo suena noble, pero en el fondo se trata de mantener una base electoral dependiente de los apoyos federales, más que de fortalecer las capacidades productivas del país.
Los riesgos de gastar para ganar.
El gasto social no es en sí malo. Lo peligroso es convertirlo en herramienta de control político y renunciar a la inversión en infraestructura, ciencia aplicada, innovación o energía, que son los motores reales del desarrollo.
Cada peso destinado a una beca clientelar y no a un sistema de transporte eficiente, una red de agua moderna o una planta tratadora, es un peso que no genera valor futuro.
Y esa es la gran trampa de este presupuesto: confundir la dádiva con el desarrollo.
El gobierno sostiene que “la justicia social” se fortalece dando dinero directamente a la gente, pero esa visión de corto alcance deja al país sin piso estructural. Cuando el gasto público se destina mayoritariamente a programas asistenciales, el riesgo es triple:
1. Dependencia social: se incentiva que amplios sectores vivan del subsidio y no de la productividad.
2. Desinversión crónica: se abandonan las obras de largo plazo —infraestructura hidráulica, transporte, energía— que dan soporte real al crecimiento.
3. Insostenibilidad fiscal: al financiar todo con deuda, el país se hipoteca. Lo de hoy se paga mañana, pero con intereses.
El propio ejemplo de la economía doméstica lo ilustra: si una familia gasta más en regalar que en reparar su casa o en educar a sus hijos, la fachada se mantiene bonita un tiempo, pero la estructura se viene abajo.
Un presupuesto con cálculo político.
No es casualidad que se refuerce la educación, las becas y los programas de bienestar justo en el inicio del nuevo sexenio. El discurso oficial habla de “consolidación fiscal”, pero los números dicen otra cosa: se trata de mantener la popularidad del régimen y asegurar votos, no de sanear las finanzas nacionales.
En este sentido, el Presupuesto 2026 no busca resolver el futuro, sino administrar el presente con fines electorales. Es el viejo truco del político que gasta hoy lo que no tiene, para que el siguiente pague la factura.
En resumen.
El Presupuesto 2026 refleja la paradoja del Estado mexicano: pretende construir justicia social sin bases económicas sólidas. Lo hace a costa del equilibrio institucional, sacrificando al Poder Judicial, a la ciencia y a la infraestructura. Y lo financia con deuda.
Una casa administrada así, termina en ruina. Y México, lamentablemente, ya muestra grietas en sus paredes. Ahí, El Meollo del Asunto.