Por: Daniel Valles
La censura no siempre se presenta como garrote ni se anuncia con voz de dictador. A veces llega disfrazada de buenas intenciones: como leyes que prometen proteger del acoso digital o del discurso de odio, pero que en realidad abren la puerta al silenciamiento selectivo. Eso es lo que está ocurriendo hoy en México, particularmente en Puebla y Campeche.
El Congreso de Puebla aprobó el 12 de junio una reforma al Código Penal que sanciona con hasta tres años de prisión a quienes insulten o agravien en redes sociales. El gobernador Alejandro Armenta defiende la medida como una herramienta contra el ciberacoso, alegando que Puebla ocupa el quinto lugar nacional en ciberdelitos. Sin embargo, organismos como Artículo 19 y periodistas locales han levantado la voz: la ley es ambigua, subjetiva y peligrosa. ¿Proteger víctimas o acallar críticos?
En Campeche, el periodista Jorge Luis González fue vinculado a proceso por incitación a la violencia contra la gobernadora Layda Sansores. El castigo: cierre de su medio digital, embargo económico y prohibición para ejercer el periodismo durante dos años. Mientras Sansores dice proteger a las mujeres del odio, medios nacionales ven en este acto una criminalización del periodismo crítico. ‘No a la censura’, gritaron los reporteros locales. Pero la sentencia ya cayó.
La presidente, Claudia Sheinbaum, se pronunció en su conferencia del 19 de junio contra cualquier forma de censura: “Nuestra posición siempre es en contra de la censura y a favor de la libertad de expresión”. Recordó incluso cómo en su gestión anterior detuvo una reforma que habría limitado la expresión digital mediante la Ley de Telecomunicaciones. Pero ahora el reto será mayor: ¿harán caso los gobernadores morenistas a su líder?
Según el INEGI, más de 18 millones de mexicanos fueron víctimas de ciberacoso en 2023. Las más afectadas: mujeres de 20 a 29 años. Durango, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y Colima encabezan la lista. Además, el 17 {0eec2001145e2a422dfd654b4f3c50aedb9e811ea897e5eb612d23e9cdaabab8} de la población ha enfrentado algún tipo de ciberdelito, con pérdidas promedio de 10,345 pesos. Las plataformas más usadas para agredir: Facebook y WhatsApp. Sí hay un problema grave… pero también hay que cuidar cómo se combate.
Proteger sin censurar. Ese debe ser el equilibrio. El peligro está en legislar con ambigüedad, donde cualquier crítica pueda considerarse acoso, y cualquier periodista pueda ser tratado como criminal. Las leyes deben proteger a las víctimas, pero también deben blindar el derecho a la crítica. Porque en democracia, la disidencia no es delito. Es necesidad y es, El Meollo del Asunto.
Fuentes.
– El País México (18 junio 2025): https://elpais.com/mexico/2025-06-18/hasta-tres-anos-de-prision-por-insultar-en-redes-sociales-la-reforma-a-la-ley-de-ciberseguridad-en-puebla-pone-en-alerta-a-periodistas-y-activistas.html
– INEGI, MOCIBA 2023
– El Financiero (Informe Norton 2024 sobre ciberdelitos)
– Proceso, Animal Político y El Universal (caso Campeche, junio 2025)
– Conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, 19 junio 2025