Por: Daniel Valles.
Hay momentos donde la política deja de ser administración pública y comienza a parecer una maquinaria perfectamente sincronizada para desgastar enemigos. Y Chihuahua está entrando exactamente en esa zona.
El citatorio enviado a la gobernadora Maru Campos por parte de la Fiscalía General de la República no ocurre en el vacío. Ocurre en un contexto político nacional cargado de tensión, adelantado electoralmente y profundamente polarizado.
Y eso importa.
Importa mucho más de lo que los comunicados oficiales quisieran admitir.
Porque jurídicamente pueden existir argumentos, procedimientos y facultades legales. Nadie serio discutiría que la FGR tiene derecho a investigar hechos relacionados con la incursión de presuntos agentes extranjeros y el desmantelamiento de un narcolaboratorio en Chihuahua. Eso corresponde al Estado. Ese es su trabajo.
El problema aparece cuando los ciudadanos comienzan a notar diferencias demasiado evidentes en el trato político.
Ahí es donde nace la sospecha.
Porque mientras el oficialismo federal endurece discurso, presión mediática y reflectores sobre Maru Campos, al mismo tiempo mantiene una prudencia quirúrgica frente a personajes mucho más incómodos para Morena. Y el ejemplo más visible vuelve a ser el gobernador sinaloense Rubén Rocha Moya.
Ahí es donde el ciudadano común empieza a hacerse preguntas.
¿Por qué unos sí?
¿Por qué otros no?
¿Por qué algunos expedientes avanzan mediáticamente a velocidad de vértigo mientras otros parecen dormir en refrigeración política?
Y cuando la percepción pública llega a ese punto, el problema deja de ser jurídico. Se vuelve político.
Porque en la política moderna ya no siempre se busca destruir completamente a un adversario. Basta con sembrar sospecha permanente. Instalar duda. Asociar nombres con escándalos. Generar ruido constante.
Y el ruido desgasta.
Desgasta reputaciones.
Desgasta gobiernos.
Desgasta liderazgos.
Desgasta futuras candidaturas.
Sobre todo cuando la narrativa incluye palabras explosivas como:
CIA,
DEA,
agentes extranjeros,
narcolaboratorios,
FGR,
juicio político,
y seguridad nacional.
Políticamente eso vale oro. Porque el ciudadano promedio no lee expedientes judiciales. Consume percepciones rápidas. Titulares. Clips. Fragmentos editados. Escándalos instantáneos. Y ahí Morena tiene enorme experiencia operando.
Pero también hay que decir algo que muchos prefieren callar:
el progresismo de la izquierda radical, que es el sistema que rige al actual régimen mexicano, necesita siempre de alguien a quien atacar. Hoy es Maru Campos Galván.
Porque el progresismo moderno funciona bajo una lógica permanente de confrontación. Necesita antagonistas visibles. Necesita construir adversarios morales constantemente. Necesita dividir para cohesionar a los propios.
Sin enemigo no hay narrativa. Por eso el discurso oficial rara vez descansa. Siempre existe alguien señalado: los conservadores, los neoliberales, los empresarios, los medios, la oposición, Estados Unidos, los jueces, el INE,
la Iglesia, o ahora, una gobernadora panista con proyección nacional.
Y aquí aparece un detalle importante que muchos están subestimando:
Maru Campos no es únicamente la gobernadora de Chihuahua.
Es probablemente una de las cartas más visibles del PAN rumbo al 2030.
Eso cambia completamente la lectura política del caso. Porque entonces el citatorio deja de percibirse solamente como procedimiento legal y empieza a verse como un movimiento estratégico dentro de la sucesión presidencial adelantada que ya vive México aunque oficialmente nadie quiera admitirlo.
El propio PAN entendió inmediatamente el mensaje y cerró filas alrededor de Maru Campos hablando incluso de persecución política y defensa de las libertades democráticas.
¿Exageran? Quizá. ¿Existe cálculo político? Casi seguramente.
Porque México vive una etapa donde justicia, comunicación y estrategia electoral dejaron de caminar separadas. Hoy todo se mezcla.
Así, el problema de fondo es otro: cuando las instituciones comienzan a percibirse como herramientas políticas selectivas, el desgaste no sólo afecta a los acusados. También erosiona la confianza pública en el Estado mismo.
Y recuperar credibilidad institucional suele tomar décadas. Mientras tanto, el ciudadano común observa el espectáculo político desde lejos, intentando entender cómo un país con problemas gravísimos de violencia, desapariciones, extorsión, crisis hídrica y deterioro económico termina consumiendo enormes cantidades de energía pública en guerras políticas interminables.
Porque esa es otra realidad incómoda: México parece vivir permanentemente en campaña.
Y cuando los gobiernos viven en campaña, dejan de gobernar plenamente.
Entonces todo se convierte en narrativa. Todo se convierte en posicionamiento, en cálculo. Todo se convierte en desgaste.
Y ahí es donde la política empieza a pudrirse lentamente.
Porque deja de servir ciudadanos y comienza solamente a administrar enemigos. Y ahí está, El Meollo del Asunto