Por: Daniel Valles.
La política mexicana ya no busca solamente gobernar. Busca exhibir. Busca desgastar. Busca instalar sospechas permanentes. Y el caso de la gobernadora Maru Campos parece entrar exactamente en esa lógica.
Porque el citatorio de la Fiscalía General de la República dejó de ser únicamente un procedimiento jurídico desde el momento en que se convirtió en espectáculo político nacional.
Y eso ocurre por una razón muy sencilla:
en México, los tiempos políticos casi nunca son casualidad.
La comparecencia relacionada con el caso de los presuntos agentes estadounidenses muertos en Chihuahua aparece justo cuando la confrontación entre Morena y el gobierno estatal alcanza uno de sus niveles más tensos. Y cuando eso sucede, el ciudadano deja automáticamente de ver expedientes legales y comienza a percibir operación política.
Porque la percepción importa.
Importa más de lo que muchos abogados quisieran admitir.
Sobre todo cuando las palabras involucradas son:
CIA,
FGR,
agentes extranjeros,
narcolaboratorios,
fuero constitucional,
y denuncia penal contra autoridades federales.
Todo eso tiene una enorme carga mediática.
Y Morena lo sabe perfectamente.
Pero también el PAN entendió rápidamente el tamaño del conflicto. La reacción fue inmediata. Roberto Gil Zuarth, abogado cercano a Maru Campos, anunció no solamente que la gobernadora acudiría a responder el citatorio, sino además que presentarían una denuncia contra la propia FGR por presunto acoso y violaciones al procedimiento constitucional.
Es decir: la defensa ya dejó de ser jurídica.
Ahora es política, mediática e institucional.
Y ahí es donde el asunto se vuelve mucho más delicado.
Porque cuando un gobierno estatal acusa al aparato federal de hostigamiento político, lo que realmente empieza a fracturarse es la confianza entre niveles de poder.
Eso nunca termina bien.
Mucho menos en un país donde las instituciones ya viven severamente erosionadas por la polarización.
Lo interesante es observar cómo ambos bloques políticos están construyendo narrativas completamente distintas sobre el mismo hecho.
Para Morena y sectores del oficialismo:
la FGR simplemente investiga un asunto delicado relacionado con seguridad nacional y presencia de agentes extranjeros.
Para el PAN:
el citatorio representa un mecanismo de presión política dirigido contra una figura opositora con proyección nacional.
Y honestamente, resulta difícil ignorar el contexto.
Porque mientras el aparato político-mediático concentra reflectores sobre Maru Campos, otros personajes señalados en distintos estados reciben un tratamiento bastante más prudente.
Ahí es donde nace la sospecha de justicia selectiva.
Y la justicia selectiva es probablemente una de las formas más peligrosas de deterioro democrático.
Porque no destruye solamente adversarios.
Destruye credibilidad institucional.
Además, existe otro detalle importante:
Maru Campos decidió no esconderse.
Eso cambia la narrativa.
El gobierno estatal insiste en que la gobernadora “dará la cara”, aun teniendo fuero constitucional. Y políticamente eso importa porque intenta construir una imagen de firmeza frente al embate federal.
Pero al mismo tiempo, el costo político sigue creciendo.
Porque aunque jurídicamente no exista todavía una acusación formal contundente, el simple hecho de vincular permanentemente el nombre de una gobernadora con investigaciones federales, agentes de la CIA y conflictos diplomáticos produce desgaste.
Y el desgaste es precisamente el objetivo central de la política moderna.
Ya no siempre se necesita destruir totalmente al adversario.
A veces basta con contaminarlo lentamente.
Instalar ruido.
Sembrar duda.
Mantener titulares constantes.
Crear desgaste emocional en la opinión pública.
Porque la política digital funciona así:
no premia profundidad;
premia impacto instantáneo.
Y ahí aparece un problema todavía más profundo.
México vive permanentemente atrapado en campañas adelantadas.
Todo se mueve pensando en elecciones futuras.
Todo se interpreta electoralmente.
Todo se convierte en cálculo.
Por eso cuesta tanto creer que este caso sea exclusivamente jurídico.
Porque debajo del expediente hay estrategia.
Y debajo de la estrategia hay sucesión presidencial adelantada.
Mientras tanto, Chihuahua vuelve a convertirse en escenario de un viejo conflicto mexicano, la tensión entre el centro y los estados del norte.
Históricamente el norte mexicano siempre ha tenido una relación compleja con el poder central. Más desconfiada. Más confrontativa. Más autónoma culturalmente.
Y eso explica por qué el caso de Maru Campos tiene tanta resonancia nacional.
Porque ya no se trata solamente de una gobernadora citada por la FGR.
Se trata de un choque político entre un gobierno estatal opositor y un régimen federal que concentra cada vez más poder político, mediático y narrativo.
Y cuando eso ocurre, la línea entre justicia y política empieza peligrosamente a difuminarse.
Ahí comienza el verdadero problema. Porque las democracias no se deterioran únicamente cuando desaparecen elecciones.
También se deterioran cuando las instituciones comienzan a percibirse como armas facciosas. Y México empieza a acercarse demasiado a esa percepción.
Ahí, El Meollo del Asunto