Por: Daniel Valles.
La corrupción tiene una virtud extraordinaria: no pide credencial partidista. No pregunta si el investigado es de izquierda o de derecha, conservador o progresista, panista, priista o morenista. Cuando aparece, aparece. Y cuando no se castiga, simplemente cambia de domicilio. Por eso resulta particularmente interesante lo que ocurre con el caso de Ernesto Ruffo Appel, una figura histórica del panismo nacional cuyo nombre vuelve a aparecer ligado a investigaciones relacionadas con el llamado huachicol fiscal.
Para quienes tienen mala memoria política, Ruffo no es cualquier personaje. Fue el primer gobernador de oposición en la historia moderna de México. Su triunfo en Baja California marcó un antes y un después en la vida política nacional y durante años fue presentado como uno de los símbolos de la transición democrática. Para una generación completa de mexicanos, Ernesto Ruffo representó la posibilidad de que la alternancia política trajera consigo mejores gobiernos y una nueva forma de ejercer el poder.
Por supuesto, debe hacerse una precisión indispensable. Ernesto Ruffo no ha sido condenado ni declarado culpable. Como corresponde en cualquier Estado de Derecho, las autoridades tienen la obligación de presentar pruebas y la defensa tiene el derecho de responder a las imputaciones. Hasta que exista una resolución definitiva, opera plenamente la presunción de inocencia. Sin embargo, la política tiene reglas distintas a las de los tribunales. En política, las percepciones suelen viajar más rápido que los expedientes y muchas veces producen efectos antes de que los jueces lleguen siquiera a revisar las pruebas.
Y ahí es donde la historia comienza a ponerse interesante.
El nombre de Ruffo reaparece en un momento particularmente delicado para Morena y para el gobierno de Baja California. Hace aproximadamente un año comenzaron a surgir investigaciones periodísticas y señalamientos relacionados con redes de huachicol fiscal en las que aparecían mencionados la gobernadora Marina del Pilar Ávila y quien entonces era su esposo. También en ese caso debe hacerse la misma precisión: no existen sentencias condenatorias ni resoluciones judiciales definitivas que acrediten responsabilidad alguna. Sin embargo, los nombres aparecieron y desde entonces forman parte de una conversación pública incómoda para el oficialismo.
La aparición de Ernesto Ruffo modifica el escenario político. Hasta hace poco, el reflector apuntaba principalmente hacia una gobernadora emanada de Morena. Ahora, de pronto, aparece una figura emblemática del PAN vinculada a una investigación del mismo universo temático. El efecto es inmediato. La conversación deja de concentrarse exclusivamente en el oficialismo y comienza a repartirse entre actores de distintos partidos. Ya no se habla únicamente de Marina del Pilar. También se habla de Ruffo. Ya no se cuestiona sólo a Morena. También se cuestiona al PAN.
No hace falta imaginar conspiraciones para comprender lo que ocurre. Es un fenómeno natural de la comunicación política. Cuando dos personajes de fuerzas políticas distintas aparecen asociados a una misma narrativa, la atención pública se distribuye y la presión mediática deja de concentrarse en un solo objetivo. El resultado es evidente: la discusión se amplía y el costo político se reparte.
Pero quizá la reflexión más importante es otra. Tal vez el problema nunca fue Morena. Tal vez tampoco fue el PAN. Tal vez el verdadero problema es la costumbre mexicana de creer que la corrupción tiene colores partidistas. Cada generación parece repetir la misma historia. Un partido llega al poder prometiendo limpiar la casa. Señala los excesos de sus adversarios. Asegura que ahora sí se acabará la corrupción. Y tarde o temprano descubre que la corrupción tiene una extraordinaria capacidad para sobrevivir a los cambios de gobierno.
Porque la corrupción no es una ideología. Es una conducta. No vota, no milita y no se afilia. Se adapta a las circunstancias, encuentra nuevos aliados y aprende a convivir con cualquier administración que le permita sobrevivir. Cuando una fuerza política se convence de que la corrupción es exclusiva de sus adversarios, normalmente está a punto de descubrir que el problema también vive dentro de su propia casa.
Por eso el caso Ruffo merece atención. No porque demuestre automáticamente la culpabilidad de nadie. Tampoco porque exonere a quienes han sido señalados desde otras trincheras políticas. Merece atención porque rompe una narrativa muy cómoda: la de los buenos contra los malos, los honestos contra los corruptos y los puros contra los impuros. La realidad suele ser bastante menos romántica.
Si las imputaciones contra Ernesto Ruffo resultan infundadas, deberá quedar plenamente reivindicado. Si resultan ciertas, deberá responder ante la ley. Exactamente el mismo criterio debe aplicarse a Marina del Pilar, a cualquier funcionario de Morena, del PAN o de cualquier otra organización política. La justicia deja de ser justicia cuando depende del color de la camiseta.
Por eso la pregunta verdaderamente interesante no es si el acusado pertenece a un partido u otro. La pregunta es si estamos frente a investigaciones legítimas que alcanzan a personajes de distintas fuerzas políticas o si simplemente observamos cómo el reflector cambia de dirección conforme evolucionan las necesidades de la agenda pública. Todavía es pronto para saberlo. Lo que sí sabemos es que la aparición de Ernesto Ruffo Appel modifica el tablero político nacional. Cuando una figura histórica del panismo entra en escena, la conversación deja de ser exclusivamente sobre Morena. Y cuando eso ocurre, alguien obtiene un respiro político.
La pregunta es quién. Ahí, El Meollo del Asunto.