Por: Daniel Valles.
En México existe una costumbre que no aparece en ninguna ley, pero que se repite sexenio tras sexenio. No es exclusiva de los gobiernos; también se encuentra en empresas, organizaciones e incluso en nuestra vida cotidiana. Consiste en esperar a que ocurra una tragedia para entonces descubrir que el problema existía desde hacía años. Lo resumimos en un viejo refrán: “tapar el pozo después de ahogado el niño”. Trágicamente, parece formar parte de nuestra cultura administrativa.
La decisión de la Secretaría de Educación Pública de cerrar todas las escuelas militarizadas privadas del país es el ejemplo más reciente. La medida llega después de la muerte de Dafne Zapata durante un campamento en Tamaulipas y de denuncias por abusos en otros planteles. Entonces sí hubo una reacción inmediata: clausuras, revisiones, devolución de documentos escolares y reubicación de alumnos. Lo que nunca se explicó fue una pregunta mucho más importante: ¿por qué hubo que esperar a que una menor muriera para descubrir un problema que llevaba décadas bajo las narices de las autoridades?
Las academias militarizadas no aparecieron ayer. Existen en México desde hace más de ochenta años. Su funcionamiento quedó regulado desde 1943 mediante un reglamento expedido durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho. Durante ese tiempo miles de jóvenes pasaron por sus aulas buscando disciplina, orden, respeto a la autoridad y hábitos de estudio. Muchas familias las eligieron precisamente porque ofrecían aquello que en ocasiones ni la escuela tradicional ni el propio hogar conseguían proporcionar. Reducir toda esa historia a un caso de abuso sería tan injusto como ignorar los abusos que sí ocurrieron.
Con el paso de los años estas instituciones también comenzaron a admitir mujeres. La incorporación fue gradual y respondió a la evolución social del país. Eso modificó su dinámica, pero no alteró la obligación fundamental del Estado: supervisarlas. Y justamente ahí aparece la gran ausencia de esta historia.
Si las academias militarizadas estaban autorizadas por la autoridad educativa, contaban con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios y operaban desde hacía décadas, ¿quién verificaba periódicamente sus condiciones? ¿Quién inspeccionaba sus instalaciones, protocolos disciplinarios, personal, campamentos y medidas de protección para menores? Si hoy la SEP ordena revisar todos los permisos, la pregunta inevitable es por qué esa revisión no existía desde antes. Supervisar no puede convertirse en una actividad que sólo aparece cuando los reflectores nacionales apuntan hacia una tragedia.
La respuesta oficial sostiene que la formación militar corresponde exclusivamente a las Fuerzas Armadas y que ese modelo resulta incompatible con los principios del Sistema Educativo Nacional. Puede discutirse esa postura. Lo que ya no admite discusión es que, si esa incompatibilidad existía, tampoco nació con la muerte de Dafne. Existía antes. Si durante ochenta años fue tolerada, el problema no comenzó con la academia donde ocurrió la tragedia; comenzó con un sistema de vigilancia que nunca funcionó como debía.
Y éste no es un caso aislado. México acumula demasiados ejemplos de autoridades que reaccionan después del desastre. La Guardería ABC provocó cambios en las inspecciones. El Colegio Rébsamen hizo revisar escuelas particulares. La Línea 12 del Metro obligó a inspeccionar estructuras que debieron vigilarse desde el principio. El incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez exhibió fallas que ya habían sido advertidas. Ahora la muerte de Dafne provoca la desaparición de todo un modelo educativo privado. Cambian las víctimas; el patrón permanece intacto.
Gobernar no consiste únicamente en reaccionar cuando la indignación pública alcanza su punto máximo. Como lo hace el secretario de Educación, Mario Delgado.
Gobernar significa prever, supervisar, corregir y evitar que las tragedias ocurran. Las inspecciones preventivas rara vez ocupan las primeras planas porque, precisamente, cuando funcionan no hay muertos que lamentar. Su éxito consiste en pasar inadvertidas.
Cerrar escuelas puede ser una decisión correcta o equivocada; el tiempo lo dirá. Lo que sí sabemos es que ninguna clausura devolverá la vida a Dafne. Tampoco resolverá el problema de fondo si dentro de algunos años otro sector permanece sin supervisión hasta que ocurra una nueva desgracia. La prevención nunca produce grandes titulares; las tragedias sí. Y pareciera que, mientras no se aprenda esa diferencia, se seguirá administrando consecuencias en lugar de evitar causas.
El verdadero problema de México no es la falta de leyes, reglamentos o facultades. Es la costumbre de utilizarlos solamente cuando alguien ya perdió la vida. Entonces aparecen los discursos, las promesas y las reformas urgentes. El pozo se tapa. Pero el niño ya no está. En este caso, Dafne. Ahí, El Meollo del Asunto.