Por: Daniel Valles.
El problema del progresismo moderno no es que tolere demasiado.
Es exactamente al revés.
Tolera únicamente aquello que coincide con su visión ideológica.
Hace apenas unos meses, el criterio de la titular del Poder Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum, quedó de manifiesto cuando, refiriéndose a una empresa de comunicación, lanzó una frase que muchos tomaron como una simple respuesta política.
“No vean TV Azteca.”
No fue una orden. No fue un decreto. No fue una prohibición.
Pero sí reveló una forma de entender la relación entre el poder y los medios de comunicación: cuando un medio resulta incómodo, la solución parece consistir en desacreditarlo frente a la opinión pública.
Hoy ese episodio adquiere un significado distinto.
El Gobierno Federal presentó para consulta pública los nuevos lineamientos sobre los llamados Derechos de las Audiencias, derivados de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Entre otras disposiciones, se propone que los concesionarios eviten difundir información falsa, descontextualizada o presentar hechos históricos como si fueran actuales. También deberán identificar claramente cuándo un contenido corresponde a información, opinión o publicidad y contar con un código de ética y una defensoría de las audiencias.
La administración federal sostiene que no existe censura alguna. Afirma que el objetivo consiste exclusivamente en fortalecer los derechos de las audiencias y recuerda que los lineamientos aún permanecen en consulta pública, por lo que pueden modificarse antes de entrar en vigor.
Sin embargo, las críticas aparecieron prácticamente de inmediato.
La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión advirtió que existen aspectos que deberían corregirse para evitar retrocesos en materia de libertad de expresión. Artículo 19 fue todavía más lejos al señalar que el Estado no puede convertirse en el parámetro oficial para decidir qué información es verdadera o falsa.
Y aquí comienza el verdadero debate.
¿En serio el gobierno piensa que los ciudadanos somos incapaces de distinguir entre una noticia y una opinión?
Porque cualquier persona que enciende un noticiero sabe que una cosa es el reporte de un hecho y otra muy distinta el comentario editorial del conductor. De la misma manera en que cualquiera entiende cuándo comienza un espacio comercial.
Lo verdaderamente preocupante no consiste en aclarar esa diferencia. Eso puede ser incluso deseable.
La preocupación aparece cuando alguien debe decidir qué información está suficientemente “contextualizada”, cuál puede considerarse “verdadera” y cuál merece una sanción administrativa.
¿Quién hará esa valoración? ¿El periodista? ¿La audiencia? ¿O el propio gobierno?
La pregunta no es menor.
Porque ningún gobierno ha resistido la tentación de creer que posee la mejor versión de la realidad.
La historia mexicana ofrece múltiples ejemplos. Cada administración ha tenido “sus otros datos”. Cada gobierno ha construido su propia narrativa. Cada sexenio ha encontrado razones para explicar por qué los hechos no ocurrieron exactamente como los ciudadanos los percibieron.
Paradójicamente, las conferencias matutinas-que ahora se llevan a cabo casi en todo el país, por cada autoridad municipal-representan un espacio donde conviven información oficial, interpretación política, respuesta a críticos y posicionamiento gubernamental. Es decir, noticia y opinión aparecen mezcladas de manera cotidiana. Y, como ha ocurrido en distintos momentos, algunos datos presentados desde el gobierno han sido posteriormente cuestionados, corregidos o desmentidos por organismos públicos, especialistas o por los propios acontecimientos.
Precisamente por eso, una democracia no puede descansar en la idea de que exista una autoridad encargada de decidir qué versión merece ser escuchada. Menos, una inquisidora.
La mejor defensa contra la mentira nunca ha sido el silencio. Ha sido más información. Más debate. Más contraste. Más libertad. A la que parece se le teme.
La democracia supone ciudadanos capaces de pensar por sí mismos, no personas permanentemente tuteladas por el poder político.
Porque cuando un gobierno comienza a sugerir qué medio debe verse y cuál no; cuando además propone reglas para definir cómo debe presentarse la información, resulta inevitable hacerse una pregunta:
¿Estamos fortaleciendo el derecho de las audiencias… o estamos acostumbrándonos a que el poder decida qué debemos creer?
La respuesta marcará la diferencia entre una sociedad libre y otra donde la verdad termine dependiendo de quien ocupe el gobierno.
Y detrás de todo ello queda una discusión todavía más profunda: ¿qué ocurre cuando las leyes comienzan a construirse sobre una determinada visión ideológica de la realidad? Ese será, precisamente, el siguiente tema a desarrollar, porque ahí se encuentra, Meollo del Asunto.