Por: Daniel Valles.
El tema de las redes sociales y sus efectos sobre niños y adolescentes no es nuevo para nosotros. Lo hemos venido tratando, vigilando y siguiendo con atención, especialmente ante las medidas que distintos países están adoptando para limitar su uso.
Australia, Dinamarca, España, Indonesia, Brasil, Austria, Turquía, Malasia, Emiratos Árabes Unidos, Gran Bretaña, Francia y Nueva Zelanda han aprobado, planteado o comenzado a aplicar diferentes restricciones.
No todos han hecho lo mismo ni todas las medidas están vigentes. Algunas son leyes, otras continúan en el terreno de las promesas políticas y unas más han tropezado con tribunales, problemas de privacidad o la dificultad práctica de comprobar la edad de los usuarios. Porque una cosa es aprobar una prohibición y otra impedir que un adolescente abra una cuenta con una fecha de nacimiento tan falsa como billete de siete dólares.
Pero algo está cambiando.
Meta, propietaria de Facebook e Instagram, aceptó pagar hasta cerca de 18 mil millones de dólares para resolver demandas promovidas por decenas de estados y territorios estadounidenses. Las autoridades la acusaron de diseñar plataformas capaces de generar dependencia entre menores, afectar su salud mental y recopilar información de niños sin la autorización de sus padres.
Debemos hacer una precisión. No se trata estrictamente de una multa ni de una sentencia que declare culpable a Meta. Es un acuerdo judicial mediante el cual la compañía evita continuar enfrentando varios litigios, sin admitir responsabilidad. Tampoco todo el dinero está garantizado: alrededor de 12 mil 700 millones de dólares se pagarían durante diez años, mientras que unos cinco mil millones adicionales dependerán de que otras empresas adopten medidas semejantes.
Texas alcanzó, además, un convenio separado superior a mil millones de dólares. Sumando ambos instrumentos, la cifra se acerca a los 18 mil millones. Una cantidad gigantesca para cualquier persona común, aunque para Meta represente apenas algunos meses de utilidades. Los millardos también pueden convertirse en morralla cuando se poseen las máquinas que fabrican la atención humana.
Lo más importante, sin embargo, no es el dinero. Meta aceptó establecer límites de tiempo para los adolescentes, bloquear el uso durante determinadas horas de la madrugada, silenciar notificaciones en horarios escolares, fortalecer los controles parentales y mejorar sus mecanismos para comprobar la edad. También deberá limitar filtros y funciones relacionadas con la comparación social y someterse a una supervisión independiente.
La pregunta es inevitable: si Facebook e Instagram no fueron diseñadas para producir comportamientos compulsivos, ¿por qué es necesario interrumpir el desplazamiento infinito, imponer horarios, limitar notificaciones y colocar barreras para que los menores puedan dejar de usarlas?
Durante años se dijo que el problema era exclusivamente de los usuarios. El niño no tenía disciplina, el adolescente carecía de autocontrol y los padres no supervisaban. Parte de eso sigue siendo verdad. Ninguna ley sustituirá la responsabilidad familiar ni ningún filtro tecnológico reemplazará la presencia de los padres. Pero ahora aparece la otra parte del problema: las plataformas tampoco eran observadoras inocentes.
Su negocio consiste en mantenernos conectados.Cada minuto frente a la pantalla produce información, publicidad y dinero. El usuario cree que utiliza gratuitamente la plataforma, cuando en realidad la plataforma lo utiliza a él. Si además se trata de un menor, con menos experiencia y menor capacidad para advertir la manipulación, el negocio resulta todavía más cuestionable.
No obstante, tampoco debemos celebrar el acuerdo como si el monstruo hubiera sido vencido. Metano abandonará las recomendaciones personalizadas ni la publicidad dirigida. Los mensajes directos permanecerán fuera de algunas restricciones. La empresa modificará ciertas partes del producto, pero conservará el motor económico que convierte nuestra atención en ganancias.
Las restricciones internacionales también han demostrado sus límites. En Australia, muchos menores continuaron accediendo mediante cuentas falsas, información alterada o la intervención de adultos. Prohibir puede dificultar el ingreso, pero no elimina la curiosidad, la presión social ni el ingenio juvenil para brincar bardas digitales.
Por eso, la solución no puede descansar solamente en los gobiernos. Corresponde a las empresas dejar de diseñar trampas psicológicas; a las autoridades, establecer reglas claras sin convertir la protección infantil en vigilancia masiva; y a los padres, recuperar una responsabilidad que ningún algoritmo debería ejercer en su lugar.
Lo novedoso del acuerdo es que rompe una cómoda ficción: la adicción digital no surgió espontáneamente. Hubo recursos, conocimientos psicológicos y decisiones empresariales destinados a prolongar el tiempo de conexión. Ahora, una parte del costo comienza a llegar a quienes construyeron el laberinto.
Habrá que seguir vigilando si las medidas funcionan, si otras plataformas las adoptan y si el acuerdo transforma verdaderamente el producto o sólo mejora la imagen pública de Meta. Porque pagar miles de millones puede parecer una penitencia monumental, pero, cuando el negocio continúa intacto, también puede ser simplemente el precio de seguir operando. Y así es, El Meollo del Asunto.