Por Daniel Valles.
Los días pasan y el dolor no disminuye. La indignación crece, pero también el peligro de que la rabia sustituya al pensamiento. Nuevos casos siguen saliendo a la luz: más detenciones, más testimonios, más familias rotas. Ciudad Juárez, una vez más, enfrenta el espejo más cruel de su fragilidad social.
Sin embargo, en medio de esta tragedia, surge una nueva dimensión que no podemos ignorar: también hay trabajadores del cuidado infantil que claman por justicia, denunciando amenazas, generalizaciones injustas y errores procesales.
No estamos ya frente a una cadena de errores aislados. Estamos ante una fractura estructural que exige algo más que comunicados y promesas: exige acción inmediata, real y profunda.
Nuevos hechos, nuevas heridas.
Las investigaciones continúan. Los cateos en estancias infantiles subrogadas, las nuevas órdenes de aprehensión y las comparecencias públicas de funcionarios son, en sí mismas, avances. Pero la percepción pública —y no sin razón— sigue siendo de desprotección, de abandono, de enojo justificado.
Ahora también emergen voces del personal educativo que exigen justicia, respeto al debido proceso y denuncian amenazas contra su integridad.
Cada día que pasa sin reformas claras, sin auditorías externas, sin un rediseño del modelo de vigilancia y prevención, es un día que traiciona tanto a los niños lastimados como a los trabajadores honestos que ven su dignidad comprometida.
El problema ya no es solo del IMSS.
Sería un error, uno muy grave, seguir culpando exclusivamente al IMSS o al ISSSTE. El problema ya es de todos:
– De los sistemas de subrogación que no han sido auditados en años.
– De las fiscalías que avanzan, pero aún tardan en judicializar expedientes.
– De las instancias de derechos humanos que han guardado un silencio incómodo.
– De los medios que a veces han preferido el titular escandaloso al análisis serio.
Y sí, también de una sociedad que no ha exigido sistemáticamente las reformas necesarias más allá de la indignación inmediata.
Ahora también es problema de aquellos que, en la búsqueda de justicia, pueden caer en la tentación del linchamiento social.
Pensar distinto, actuar mejor.
No se trata de cerrar guarderías ni de castigar sin pruebas. Se trata de construir un nuevo marco de referencia:
– Evaluaciones psicológicas obligatorias y constantes para el personal infantil.
– Supervisión externa aleatoria, no dependiente de las propias instituciones.
– Participación real de los padres en los comités de vigilancia escolar.
– Auditoría nacional al modelo de subrogación y cuidado infantil.
– Respeto absoluto al debido proceso para todos los involucrados.
La infancia no puede esperar. Y los trabajadores honestos tampoco deben ser sacrificados en la hoguera del miedo colectivo.
Lo que exige Juárez.
– Que la justicia sea rápida, no mediática.
– Que las reformas sean profundas, no cosméticas.
– Que la verdad sea el motor, no el miedo.
– Que la indignación no sustituya al pensamiento crítico.
Hoy, Ciudad Juárez llora. Pero también puede levantarse. No basta con indignarse: hay que transformar el dolor en responsabilidad. Y la responsabilidad en acción.
La infancia necesita justicia. Y los trabajadores honestos necesitan protección.
Porque la infancia no puede esperar. Y nosotros tampoco deberíamos. Así El Meollo del Asunto.