Por Daniel Valles
Cuando Estados Unidos le revoca la visa a una gobernadora fronteriza, a su esposo, y lo hace sin dar explicaciones, el mensaje es más claro que mil comunicados. El silencio es la nota diplomática. Y no, no están obligados a decir por qué.
Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California, y su esposo, Carlos Torres, ya no son bienvenidos en suelo estadounidense. Lo informaron ellos mismos. Lo compartieron en redes. Y al hacerlo, soltaron más dudas que certezas. No hay acusación, dicen. No hay investigación, aseguran. Pero la visa, ya no existe.
¿Qué pasó? Nadie lo sabe oficialmente. Ni la SRE. Ni la presidenta Claudia Sheinbaum, que pide una explicación. Pero no la tendrá. Porque aquí no aplica la cortesía diplomática. El Departamento de Estado puede cancelar visas sin justificación pública. La ley está de su lado. Y los protocolos también.
¿Y entonces? Entonces toca especular. Porque en política, cuando el río suena todos nos asomamos a ver lo que pueda traer.
Una revocación de este calibre, a una figura política de un estado que comparte frontera, comercio, migración, huachicol y fentanilo con Estados Unidos, no es trámite administrativo. Es una señal. Algo huele mal, y allá lo detectaron antes que acá. Y si no lo detectaron, al menos lo sospechan.
¿Crimen organizado? ¿Lavado? ¿Tráfico? ¿Solo malas compañías? Quizá. O quizá solo una manera muy norteamericana de decir: “Te estamos observando”.
Y es que, en la guerra contra el fentanilo, México juega con fuego. Baja California es epicentro. Y Estados Unidos ya no se anda con rodeos. Basta una sospecha, un indicio, una declaración en “off the record” para cortar el acceso al “American way of life”. Y si cae la visa, que caiga.
Marina del Pilar dice que su esposo no tiene cargos. Él dice que su conciencia está tranquila. Y ambos se dicen sorprendidos. Pero el que se justifica sin que lo acusen, se delata. Y mientras más explican, más dudas levantan.
¿El gobierno mexicano lo sabía? No. ¿Tenía que saberlo? Tampoco. Porque, repito, no hay ley ni tratado internacional que obligue a EE.UU. a notificar cuando cancela visas a personas sin rango diplomático. Gobernadora sí, embajadora no. Así de simple.
Así que, mientras Marina del Pilar se queda viendo San Diego desde Tijuana, y su esposo se lamenta en redes, Washington calla. Y en ese silencio, grita lo esencial: algo saben, pero no van a decir El Meollo del Asunto.